Jardineros
La ruinosa situación de los Ayuntamientos ha logrado algo excepcional en el paisaje español: la unanimidad de los políticos. Los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de todos los partidos, se pusieron de acuerdo hace un mes para enviar una carta a los máximos responsables del Ministerio de Economía. En ella pedían eliminar la prohibición de endeudarse para los Ayuntamientos a lo largo del próximo año. Esta unanimidad obedece a un motivo aplastante: una deuda superior a 12.000 millones de euros y el desplome de los ingresos amenazan con paralizar la actividad de muchas corporaciones locales. De este colosal agujero en las cuentas públicas, 3.425 millones corresponde a las empresas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales, según los datos que maneja el propio sector.Si alguien puede saber hasta qué punto aprieta en los ayuntamientos la falta de fondos, ese es Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Getafe. “Nos mandan más competencias sin las transferencias económicas correspondientes. Si hace falta, me ato a los leones del Congreso y me pongo en huelga de hambre”, declaraba a este periódico hace dos semanas. Castro argumenta que la prohibición de endeudarse a largo plazo paralizará la actividad de muchos municipios.
En el ministerio responden que esta medida se tomó de acuerdo con otras fuerzas políticas en el marco del pacto de Zurbano, el pasado mayo. “Hemos aprobado ajustes para todas las administraciones. Solo pedimos a los Ayuntamientos que no incurran en nuevo endeudamiento”, señalan fuentes gubernamentales. “Entendería este esfuerzo si se impidiera endeudarse al resto de administraciones. Pero solo se aplica a las locales, cuyo peso en la deuda es mínimo respecto a la del Gobierno central y de las comunidades”, responde el concejal de Hacienda de Madrid, Juan Bravo.
“En lugar de recurrir a operaciones de financiación habituales, nos vemos obligados a endeudarnos con nuestras proveedoras de servicios. Pero estas empresas ya no lo aguantan más. Grandes grupos han trasladado el problema a la vicepresidenta Elena Salgado y le han anunciado que, si esto sigue así, en septiembre u octubre tendrán que tomar decisiones dolorosas”, continúa el concejal madrileño.
Porque el ayuntamiento de la capital, del PP, es uno de los arietes del movimiento que exige al Gobierno vías alternativas con las que obtener financiación a través del endeudamiento. Con unos números rojos de 7.314 millones de euros, una cuarta parte de la deuda municipal de toda España, Madrid ofrece varias alternativas. Entre otras, propone que el Ejecutivo retire la exigencia de cancelar las pólizas de crédito a corto plazo a 31 de diciembre o que ponga en marcha una línea del ICO para financiación local. Esta última es, más que una propuesta, una exigencia.
Y es que la recién aprobada ley de morosidad establecía que el Gobierno dotaría en un mes “una línea de crédito directa, en condiciones [...]
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